Viñeta del 12/12/2018 en CTXT
La policía realizó registros por orden judicial en las sedes del Diario de Mallorca y Europa Press Baleares donde requisó ordenadores, documentación e incluso teléfonos personales de dos periodistas con el objeto de determinar el origen de informaciones periodísticas.
En el registro de Europa Press, tres policías y una agente judicial intervinieron el teléfono móvil de una periodista, ordenadores de la agencia y diversa documentación sobre el caso Cursach, además, pidieron a la redactora que les entregara el informe relativo a las contribuciones tributarias del Grupo Cursach sobre el que se publicó una noticia el 5 de julio y que revelara cómo lo había conseguido.
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El Diario de Mallorca, que también cuenta que la Policía accedió a las llamadas de los periodistas durante semanas sin estar imputados, se negó a entregar documentación y ordenadores de la empresa aunque al periodista Kiko Mestre le fue incautado su teléfono móvil personal y profesional.
El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, declaró que no ve “desproporcionado” requisar móviles a periodistas.
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Querellas contra el juez que ordenó los registros
Ambos medios han presentado hoy una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSBJ) contra el juez Miquel Florit que ordenó la entrada de agentes de la Policía Nacional en sus sedes por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.
Rechazo, solidaridad y movilizaciones
El SPIB, Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, y la APIB, Associació de Periodistes de les Illes Balears, emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron el registro policial ordenado por el Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma contra los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press Baleares en lo que consideran
“Es el mayor atentado contra la Libertad de Prensa de la historia democrática de Baleares”.
Ambos colectivos han convocado una concentración por la libertad de prensa hoy, 13 de diciembre, a las 20h en la Plaza de Cort (Palma) en defensa del derecho al secreto profesional y por la libertad de prensa, contra el registro policial y la incautación judicial de ordenadores y móviles a periodistas.
El miércoles 12 de agosto, más de 200 periodistas de diferentes medios entregaron a la fiscal general del Estado, María José Segarra, una carta en la que denuncian las entradas y registros efectuados en los dos medios de Baleares y en la que se advierte:
“Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna”.
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Políticos, abogados y periodistas a título personal así como distintos colectivos de prensa han rechazado lo que consideran, entre otras cosas, un grave ataque al derecho de información. Así lo ha manifestado la AMI, Asociación de Medios de Prensa, (PDF).
La PDLI, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, ha recordado a los profesionales que “los investigados (imputados) no tienen obligación de desvelar las contraseñas de sus dispositivos” y que “el derecho al silencio y al secreto profesional es irrenunciable para cualquier periodista y un pilar básico de la libertad de prensa”.
Mariano Rivero, coordinador estatal de la AgP, Agrupación de Periodistas de UGT, ha manifestado que el derecho profesional a no revelar las fuentes está para proteger a las fuentes y a los periodistas “de las administraciones, de los grupos políticos”. “Rechazamos este registro que ha hecho la policía y mostramos todo nuestro apoyo”.
La ACIJUR, Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos manifestó su más absoluta solidaridad y apoyo a los periodistas a través de un comunicado.
Desde FAPE y Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP y FEP) también se rechazan los registros y se difunde un manifiesto promovido por la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) en el que los firmantes reclaman “el respeto a un periodismo libre, pilar básico en una democracia, y piden a la Fiscalía General del Estado que retire su apoyo a estas actuaciones coercitivas hacia los periodistas que informan sobre casos relevantes de corrupción”.
No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recuerda que los registros en los medios para forzar a los periodistas a que revelen sus fuentes son una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“Las situaciones en las que eventualmente el periodista se puede encontrar interpelado acerca de la identidad de sus fuentes informativas, puede ser de lo más variado: desde el interrogatorio judicial, al requerimiento de una comisión de investigación en sede parlamentaria, por ejemplo o, de forma más inmediata, el requerimiento formal por parte de sus superiores, incluido el director del medio al que pertenece. Ello sin contar que, además de esa vía directa, existen otras de carácter indirecto a través de las cuales también se puede violentar el secreto profesional, como son, por ejemplo, el registro del domicilio, despacho o lugar de trabajo, enseres, materiales y notas, etc., (supuestos tenidos en cuenta en varias sentencias del TEDH)”.
Fuente. La protección de las fuentes de información: La integración del modelo español conm la jurisprudencia del TEDH. Arancha Moretón Toquero
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